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  1. viernes, 11 de agosto de 2017 El gasto legislativo es una ofensa al trabajador La escandalosa repartición en la Legislatura de más de diez millones de dólares, extraídos del pueblo, en contratos redundantes y de dudosa pertinencia, es una afrenta a los miles de trabajadores y pensionados a los que se les imponen sacrificios para cuadrar las finanzas públicas. Como si vivieran en una dimensión paralela, indiferentes a la realidad que sufren miles de ciudadanos, la Cámara de Representantes y el Senado han repartido, en apenas 180 días, $10,323,137 en 806 contratos: $6,036,995 en la Cámara y $4,286,142 en el Senado. De esos acuerdos, 522 fueron para servicios de consultoría. A razón de casi siete contratos por cada uno de los 78 legisladores, salvo que a las minorías se les redujo el presupuesto para tales fines. Eso, sin contar que cada legislador cuenta con una cantidad indeterminada de empleados para tareas diversas. Dramatiza la falta de transparencia que ninguno de los dos cuerpos legislativos tiene detalles disponibles sobre la nómina en sus portales cibernéticos. Se sabe, al menos, que una buena tajada va a parar a manos de políticos derrotados cuyas ejecutorias, si no abonaron, tampoco salvaron al país de sus problemas de hoy. Es el caso, por ejemplo, del exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, cuya administración de un pueblo que padece los embates de la quiebra está aún bajo pesquisa federal. Ahora cobra como asesor administrativo del presidente del Senado. El funcionario, quien ha devengado $33,0000 en el primer semestre, no hace mucho perdió la confianza de los electores de su propio partido. Del pote que aportan los contribuyentes, la Legislatura también ha acogido a un número notable de exfuncionarios electos “retirados”: el exalcalde Jorge Santini, el exsenador Roger Iglesias, las exlegisladoras Alba Rivera y Elizabeth Casado; y el exrepresentante Edwin Mundo, quien ha hecho carrera como contratista pagado con fondos públicos desde 2007. Casi dos millones de dólares fueron otorgados en setenta contratos por la superintendencia del Capitolio, de los cuales casi tres cuartos de millón - $734,725 - se clasificaron bajo el ambiguo renglón de gastos misceláneos. Y el contrato para la empresa encargada de la vigilancia en el Capitolio, que costó $140,000 entre febrero y junio pasados, casi se cuadruplicó al otorgarse uno nuevo por medio millón de dólares para el periodo entre julio y diciembre. Se trata de un desprecio mayor a la prudencia que todo administrador público debe observar ante la precariedad fiscal y económica que tiene al gobierno bajo supervisión federal y en procesos de quiebra, y a sus ciudadanos sin empleo o ante inminentes reducciones salariales y de pensiones. Esa apatía de quienes gozaron de la confianza del electorado para representarlo hace burla de los malabares que cada vez más hacen las personas retiradas todos los meses cuando tienen que elegir entre pagar por servicios gubernamentales deficientes, acudir al médico o comprar un medicamento queles salve de la muerte. O los trabajadores y trabajadoras que sostienen a sus familias con un porcentaje ínfimo de lo que la Legislatura separa para sus protegidos. Con semejante despilfarro, la Legislatura se revela en qué se ha convertido: un microcosmo insensible de la resistencia al cambio que hace colapsar a las instituciones públicas. Lamentablemente también es reflejo del país, en particular del electorado que, aunque abofeteado, insiste en elegir y justificar estos oportunismos partidistas. Ante los procesos de renegociación de deuda que se llevan a cabo bajo el Título III de la ley PROMESA, en los que el gobierno aduce insolvencia, la falta de coherencia en sus acciones mina su credibilidad. Además, revelan cómo y por qué Puerto Rico llegó a donde se encuentra hoy. También ponen en evidencia a una clase política que dejó de servirle a Puerto Rico.

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