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19 de septiempre de 2012 - Política, Puerto Rico - Beatríz de la Torre, EL VOCERO
El reglamento de ajuste por temperatura en la gasolina aprobado por Alejandro García Padilla fue un engaño que no benefició a los consumidores.


Con la veracidad de los descuentos por temperatura en el precio de la gasolina en disputa, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Omar Marrero, no ha podido determinar cómo uno de sus predecesores –el ahora senador y candidato a la gobernación, Alejandro García Padilla– emitió en el 2005 un reglamento usando lo que el funcionario llama una “fórmula fatula”, que dice imposibilita saber la suerte de los ahorros millonarios prometidos a los consumidores boricuas.
“Todo fue un engaño”, dijo Marrero, cuya oficina está a punto de emitir un borrador de enmiendas al Reglamento para implantar el ajuste por temperatura en los volúmenes de los combustibles derivados del petróleo (PM-12), para entonces ir a vistas públicas. “Todo fue óptico. Nada garantiza al consumidor que recibe el descuento. El reglamento actual no sirve”, ya que no refleja si los mayoristas le aplicaron al precio del combustible un ajuste por temperatura a los detallistas y que estos, a su vez, se lo pasaron a los consumidores.
El reglamento PM-12 presuntamente debe regular los descuentos por ajuste por temperatura en los distintos eslabones de la cadena que cubre de mayorista a consumidores. El mismo fue aprobado en el 2005 y entró en vigor nueve años después de que la Legislatura aprobó la Ley 157 de 1996, la cual requería del DACO establecer un reglamento en un período no mayor de 120 días para garantizar la transferencia por precio correspondiente al ajuste por temperatura.
El proceso sin embargo se estancó. Ya para el 2000, el DACO había informado en más de una ocasión a los legisladores que no podía diseñar el mecanismo con el cual imponer un reglamento que no estuviese en conflicto con un libre mercado. En respuesta, la Legislatura trató de derogar el requisito de tal reglamento pero el esfuerzo quedó en nada luego que el entonces gobernador Pedro Rosselló vetó el Proyecto de la Cámara 2861, del 2000. Ello, luego de reunirse con el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, quien meses antes había radicado el llamado caso Jesús Trilla, según se explica en un recuento de la Esso Standard Oil ante el Tribunal Supremo.
Marrero no es el único que cuestiona el papel de García Padilla en la disputa legal entre los gasolineros de Puerto Rico y varias empresas de combustible internacionales, donde hasta ahora los únicos beneficios tangibles parecen ser los multimillonarios honorarios de abogado.
“Las compañías (mayoristas) están incluyendo un ajuste en el costo de la gasolina, pero no hay manera de constatar si ha habido tal ajuste o no”, dijo el licenciado Carlos Montañez, abogado de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG). Añadió que solo uno de los mayoristas –Total Petroleum Puerto Rico– refleja en su factura a los detallistas el precio de compra del producto y la reducción por el ajuste en temperatura. “Las demás no hacen nada”, sostuvo.
Al precio de compra, los detallistas suman su margen de ganancia.
Pero aún la información provista por Total, alegadamente tampoco es suficiente. Montañez insistió en que el DACO tiene que acabar de aprobar las enmiendas propuestas al PM-12 para darles el crédito por volumen, en lugar de usar una fórmula, cuya efectividad es cuestionada por gran parte de la industria.

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